Colombia enfrenta una de las etapas más complejas en materia de seguridad y protección de derechos humanos desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016. La reciente intensificación de la violencia armada en varias regiones del país ha generado un grave deterioro humanitario que ya resuena en organismos internacionales y gobiernos extranjeros.
Durante los últimos meses, el recrudecimiento de acciones violentas por parte de grupos armados ilegales ha dejado un panorama devastador. Solo entre enero y agosto de 2025, más de 137.000 personas fueron confinadas en sus territorios por amenazas y enfrentamientos, de acuerdo con cifras de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA). El fenómeno ha sido especialmente crítico en zonas rurales del Pacífico, Catatumbo y el oriente del país, donde las comunidades viven bajo restricciones extremas que afectan su movilidad, acceso a alimentos y servicios esenciales.
La situación se agravó con la ofensiva del ELN para recuperar control territorial en el Catatumbo, lo que provocó el desplazamiento forzado de más de 64.000 personas, catalogado como uno de los mayores éxodos masivos de las últimas décadas en Colombia. Paralelamente, la proliferación de artefactos explosivos ha cobrado la vida o causado heridas a más de 540 civiles solo entre enero y agosto del año pasado, un aumento del 145 % respecto a 2024. [hrw.org]
A este escenario se suma un alarmante repunte del reclutamiento de menores de edad, con 625 casos reportados en 2024, lo que representa un aumento del 81 % en comparación con el año anterior. Las cifras de Naciones Unidas indican que la tendencia siguió en ascenso durante 2025, evidenciando la presión cada vez mayor de estructuras criminales sobre la población joven en zonas de alta vulnerabilidad.
La magnitud de la crisis ha encendido las alarmas más allá de las fronteras colombianas. Organismos de derechos humanos, como Human Rights Watch, han advertido que la violencia ha mutado hacia formas más fragmentadas y difíciles de contener, alimentadas por economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, que financian la expansión de múltiples grupos armados disidentes y criminales.
Esta realidad adquiere especial relevancia en un momento político sensible: Colombia se acerca a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 en un ambiente de tensión, tras episodios de violencia como el asesinato del congresista y precandidato Miguel Uribe Turbay, registrado en 2025. La persistencia de estas dinámicas violenta no solo amenaza la estabilidad territorial, sino la integridad del proceso democrático.
La comunidad internacional observa con preocupación. El incremento de desplazamientos masivos, el deterioro de las garantías humanitarias y la expansión de grupos armados en zonas estratégicas elevan el riesgo de una crisis regional que pueda generar mayores flujos migratorios y desestabilización en la frontera colombo-venezolana, ya de por sí frágil desde hace años.
Mientras tanto, organizaciones humanitarias insisten en la necesidad de ampliar la presencia estatal en los territorios más afectados, fortalecer los mecanismos de protección para comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, e impulsar con mayor determinación la implementación real del Acuerdo de Paz.
La crisis de seguridad en Colombia, marcada por confinamientos, desplazamientos masivos, reclutamiento de menores y ataques indiscriminados, ha entrado de lleno en la agenda internacional. Y aunque la presión global puede contribuir a visibilizar el drama humanitario, la solución sigue dependiendo de la capacidad del Estado colombiano para retomar el control territorial, proteger a la población civil y frenar el avance de los actores armados ilegales.
