En medio del creciente impacto del cambio climático y de la presión social por una transición energética justa, la responsabilidad de los bancos en la financiación de energías fósiles ha vuelto al centro del debate internacional. Diversos organismos, incluidos el Banco Central Europeo (BCE) y grupos ecologistas, han cuestionado el papel de las entidades financieras en el sostenimiento de industrias altamente contaminantes como el petróleo, el gas y el carbón.
El BCE ha expresado su preocupación ante recientes propuestas que buscan suavizar los requisitos de sostenibilidad corporativa, lo que reduciría significativamente la transparencia sobre el impacto ambiental de las actividades empresariales. Según la entidad, limitar la presentación de informes de sostenibilidad únicamente a grandes compañías podría dificultar la supervisión efectiva de los riesgos climáticos y comprometer los objetivos ecológicos de la Unión Europea.
Este debate no solo pone en tela de juicio la coherencia entre los compromisos climáticos de los gobiernos y las prácticas de los bancos, sino que también reaviva la exigencia de una mayor regulación financiera orientada hacia la descarbonización. En la actualidad, muchos bancos continúan destinando miles de millones de dólares al financiamiento de proyectos fósiles, mientras promueven campañas de sostenibilidad que, en algunos casos, caen en el “greenwashing”.
Expertos señalan que para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, es necesario que las entidades financieras realicen una transformación estructural en la forma en que asignan sus recursos, priorizando inversiones limpias y sostenibles. La presión ciudadana, junto con nuevas normas internacionales, será clave en este proceso de redefinición de la banca en el contexto de la emergencia climática global.
